¿Qué establece esta ley?
El “Día por el derecho a jugar de los niños, niñas y adolescentes” cada 27 de septiembre.
¿Qué objetivos persigue esta ley?
En general, la ley hace efectivo el derecho al juego por ser uno de los derechos reconocidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por lo tanto en nuestra Constitución Nacional. Este derecho contempla condiciones de accesibilidad, seguridad y dignidad, libre de toda discriminación.
Para garantizarlo, esta ley
genera actividades que promuevan el respeto a los derechos de las infancias,
fomenta la diversidad y no discriminación,
impulsa la participación de la comunidad en las actividades lúdicas,
incluye la temática ESI en estas actividades,
promueve el uso del espacio público como lugar de juego de las infancias.
¿Cómo se ejecuta esta ley?
El Poder Ejecutivo tiene la función de:
Implementar espacios públicos y equipamiento lúdico adecuados, accesibles y seguros en todos los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Promover programas de juego organizado y no organizado en parques, plazas, centros comunitarios, escuelas, bibliotecas, centros de salud y hospitales, comisarías y servicios penitenciarios, dependencias gubernamentales y espacios públicos.
Adecuar espacios para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y necesidades especiales.
Incorporar el 27 de septiembre al calendario escolar para su celebración en todos los niveles educativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Convocar las Ludotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Centro Lúdico de la Ciudad en la elaboración de actividades especiales para éste día.
Coordinar entre secretarías, direcciones y organismos vinculadas al deporte, educación, salud y desarrollo cultural y social.
¿Cómo se da a conocer esta norma?
El Poder Ejecutivo realiza campañas de sensibilización y educación dirigidas a familias, docentes, cuidadores y comunidad en general.
¿Cómo se financian las actividades propuestas?
Al momento de la reglamentación de esta ley, deben adecuarse las partidas presupuestarias vigentes para poder implementar este derecho.